Por Timothy Herrmann

NUEVA YORK, 27 de enero (C-FAM) Una alianza de tendencia izquierdista del Senado uruguayo recientemente aprobó un proyecto de ley que legalizaría el aborto en el primer trimestre de embarazo. El proyecto fue aprobado por una estrecha diferencia de tres votos, con diecisiete senadores a favor de la legalización y catorce en contra. El pasado noviembre, un proyecto de ley similar fue frustrado por una alianza de conservadores que utilizó los Artículos de San José para defender el derecho a la vida y refutar las reclamaciones de que existe un derecho internacional al aborto.

Durante el debate, el senador Carlos Moreira expresó que «el derecho a la vida comienza desde el momento de la concepción, como lo dicen los Artículos de San José», y dijo que si el proyecto se convirtiera en ley, violaría los tratados que garantizan el derecho a la vida internacionalmente. Los Artículos de San José son un documento redactado por destacados estudiosos que deja claro que no existe un derecho internacional al aborto y que los gobiernos deberían utilizar los acuerdos internacionales existentes para garantizar la protección de la vida por nacer.

En una entrevista exclusiva, el senador Moreira dijo a Friday Fax que, como alianza, ellos «querían destacar las obligaciones internacionales de Uruguay, especialmente como país. Se protege la vida desde la concepción, y este es el derecho más fundamental que existe. Hay obligaciones que Uruguay debe respetar internacionalmente y esta ley está en directa contradicción con este principio».

El senador Moreira también manifestó preocupación, ya que «la ley exigirá que todas las instituciones sanitarias, públicas y privadas, provean el aborto a demanda, y que a pesar de que los médicos podrán rehusarse a facilitar abortos, la institución, aun siendo privada, no podrá». Todos los abortos, sean realizados en un establecimiento público o privado, serán solventados por el estado, y, por tanto, estarán financiados por los impuestos de todos los ciudadanos uruguayos.

Muchos de los que votaron a favor del proyecto de ley, como el senador Luis Gallo, continúan negando públicamente que «quienes votaron a favor el proyecto están a favor del aborto». En cambio, su postura es que al respaldar el proyecto están respaldando la salud materna mediante la prevención de abortos riesgosos. Según Moreira, esta noción es «inconsistente con la verdad». Más bien, el apoyo al proyecto «ignora la vida del niño» y desatiende las causas asociadas con los abortos clandestinos en Uruguay.

Todo esto sucede en un momento en el que organizaciones internacionales presionan cada vez más a los países para que modifiquen sus leyes de aborto. Tan solo el pasado mes de noviembre, una funcionaria de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó dos informes especiales que atacaban el derecho a la objeción de conciencia de los proveedores de asistencia médica y alentaban las demandas judiciales internas para despenalizar el aborto a nivel nacional.

Un informe similar fue presentado ante las Naciones Unidas en octubre del año pasado, el cual sostenía engañosamente que el aborto entraba dentro del derecho internacional a la salud, y tildaba a la objeción de conciencia de barrera para los servicios de salud. Hasta el organismo más reciente de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, publicó su primer informe que destacaba como principal prioridad la necesidad de que las ONG y los letrados de cada país utilizaran el derecho internacional para revocar las leyes de aborto nacionales. 

La lucha por el rechazo del proyecto de ley propuesto ahora se traslada al congreso uruguayo. Todas las fuentes de prensa que cubren el proceso en Uruguay afirman que no se espera que el presidente José Mujica vete el proyecto de ley.

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano